El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas de apoyo a los autónomos con las que pretende fomentar el autoempleo, sobre todo entre el colectivo de parados.

Éstas son las principales novedades que contempla el proyecto de ley de Fomento del Trabajo Autónomo y la Economía Social.

1.- Compatibilidad entre cobrar el paro y hacerse autónomo

Se extiende a todos los grupos de edad, más allá del límite actual fijado en los 30 años, la posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo y el inicio de la actividad como autónomo durante un máximo de nueve meses. Con esta medida se pretende que el emprendedor goce de un colchón que le proporcione cierta seguridad en los primeros momentos de puesta en marcha de su negocio, que suelen ser los más complicados.


2.- Capitalización

Además, los autónomos, con independencia de su edad, podrán capitalizar el 100 por cien de la prestación por desempleo en un único pago. Además, podrán optar entre cobrar una parte y usar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social o destinar el total al abono de las cuotas sociales. Hasta ahora sólo podían disponer de un 60 por ciento de ese dinero para montar un negocio, y el resto tenía que ir destinado al pago de cuotas.

En relación a la capitalización, en el nuevo texto se abre además la posibilidad a que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan capitalizar su prestación para realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación, siempre y cuando tengan el control efectivo de la empresa.


3.- Aplazamiento

Para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle una segunda oportunidad, se amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses para la reanudación de la prestación por desempleo a todos los trabajadores con derecho a prestación que realicen un trabajo por cuenta propia.

No obstante, en el caso de solicitar reanudar la prestación por desempleo a partir del mes 24, el autónomo deberá acreditar causas económicas u organizativas.


4.- Tarifa plana

Los autónomos que se benefician de la tarifa plana de 50 euros a la Seguridad Social podrán seguir disfrutando de ella aunque contraten a un trabajador y extiende los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente Protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Además, amplía los incentivos a las personas con discapacidad con independencia de su edad.


5.- Ampliación de los incentivos a los familiares colaboradores

La nueva Ley amplía también la bonificación a los familiares colaboradores de forma que podrán disfrutar de una bonificación en las cuotas la seguridad social durante 24 meses.


6.- Mayor protección para los autónomos dependientes

La nueva Ley refuerza los mecanismos de protección de los autónomos económicamente dependientes, en lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y profesional.

Se garantiza mayor protección jurídica a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, es decir, aquellos que perciben al menos el 75por ciento de sus ingresos de un único cliente, y que ahora podrán contratar un trabajador en caso de que necesiten conciliar por baja de maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, por cuidado de menores de siete años o para atender a familiares con dependencia o discapacidad.


7.- Impulso de la Economía Social

En el ámbito de la Economía Social, el texto introduce actuaciones para facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades de la Economía Social; apoyar y fortalecer a las distintas entidades que la componen; y facilitar a los trabajadores que tienen mayores dificultades de inserción su incorporación al mercado laboral.

Con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la Economía Social, la nueva Ley amplía las bonificaciones previstas.

En concreto, se crea una bonificación de 800 euros/año a lo largo de tres años (2.440 euros) para las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales. En el caso de menores de 30 años (o 35 con el grado de discapacidad), se eleva la cuantía a 1.650 euros durante el primer año.

La nueva Ley pretende, igualmente, apoyar a los trabajadores con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Para ello, el texto mantiene las bonificaciones a favor de las empresas de inserción, cuando contraten personas en situación de exclusión social, por una cuantía de 850 euros al año, durante un máximo de 3 años o de 1.650 para los supuestos de menores de 30 años o de 35 en el caso de personas con una discapacidad reconocida del 33 por ciento.

Además, y con el objetivo de facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a la empresa ordinaria, se amplía la bonificación existente en las cuotas empresariales por la contratación de dichos trabajadores.

De este modo, en el caso de que una empresa ordinaria contrate a un trabajador procedente de una Empresa de Inserción, podrá beneficiarse de bonificaciones en sus cotizaciones sociales durante cuatro años: 1.650 euros durante el primer año y 600 euros cada año durante los tres siguientes si la contratación es de tipo indefinido, o 1.650 euros durante el primer año y 500 euros los siguientes si se trata de una contratación temporal.


8.- Reservas de mercado

Se reconoce a los Centros Especiales de Empleo, a las Empresas de Inserción, a las cooperativas y a las sociedades laborales, como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Esto hará posible que las subvenciones concedidas a estas entidades puedan alcanzar los 500.000 euros en un período de 3 años (ahora el máximo es de 200.000 euros en el mismo periodo).

Asimismo, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación. De esta manera, se introducirá la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.